A partir del mes de marzo, el gobierno de la República comenzó a hacer adquisiciones de equipo médico, maquinaria e insumos para aplicación de pruebas como medida para atender la emergencia por Covid-19.
Durante la cuarentena, cientos de hondureños comenzaron a cuestionar los procesos de adquisición hechos por el gobierno.
A través de la información publicada por la Secretaría de Finanzas se descubrió que los datos no coincidían con precios reales del mercado nacional.
Las denuncias derivaron en destituciones como la del Comisionado de COPECO, Gabriel Rubí y su equipo administrativo, pero Rubí, por ser diputado, volvió a la administración pública.
Asimismo, debido a la avalancha de críticas en contra de su gestión, el director ejecutivo de Inves-H, Marco Bográn, renunció a su cargo.
En el tema de ventiladores mecánicos, la ASJ denunció la falta de garantías de los equipos adquiridos, condiciones de penalización por retrasos en entrega de lo comprado y otros tópicos.
Sobre los hospitales móviles, la ASJ descubrió una sobrevaloración de al menos 12.5 millones de dólares, convirtiéndose esto en el escándalo más grande en las compras de Honduras en medio de la pandemia...
Mientras tanto, la población y el personal médico sólo eran partícipes de la cuestionada gestión y víctima de la falta de insumos, centros de atención y medicamentos para vencer a la enfermedad.
En medio de la necesidad por suplir a los hopsitales de material de bioseguridad para el personal sanitario que atiende a pacientes de Covid-19, el Estado hondureño determinó comprar insumos como guantes, mascarillas, gel y demás productos necesarios.
Ante la incapacidad de varias empresas de cumplir con los plazos de entrega, instituciones como Invest-H cancelaronlas órdenes de compra emitidas pero la necesidad de insumos médicos siguió existiendo sin que se tomaran acciones.
Entre las empresas que ofrecieron vender insumos al Estado se encuentran compañías que no se dedican a la venta de material biomédico y otras cuentan como socios o socios fundadores a familiares de exfuncionarios o funcionarios que aún sirven a la administración pública en 2020.
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El 4 de abril del 2020 se emite orden de compra para adquirir 250 mil pruebas PCR-RT a la empresa Bioneer Corporation, pero se omite adquirir los hisopos y reactivos para las muestras médicas.
El canal para la adquisición de las pruebas fue el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que el 14 de abril declararía que asistió al país comprando lo que Honduras pidió.
Las pruebas de nombre AccuPower SARS CoV-2 llegan al país el 15 de abril, en un tiempo aceptable, según las condiciones del mercado internacional, pero se evidencia que las autoridades hondureñas no contaban con un análisis clínico, laboratorial o de expertos para determinar.
Hasta el 15 de mayo de 2020 cientos de pruebas compradas seguían en bodega ya que todavía no se contaba con los reactivos para aplicarlas.
El 17 de julio, cuatro meses después de la pandemia, la diretora del Laboratorio Nacional de Virología asegura a medios de comunicación que Honduras tiene un rezago de 7 mil pruebas PCR-RT por procesar para obtener sus resultados. Honduras y contaba con 30 mil casos confirmados y más de 700 muertes por Covid-19.
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El 18 de marzo, Inversión Estratégica de Honduras decide comprar siete hospitales móviles a la empresa Elmed Medical Systems Inc, intermediaria y propiedad de un empresario guatemalteco llamado Axel López.
Las dudas surgen cuando se conoce que los hospitales tendrán un costo de 50 millones de dólares, incluyendo los costos de traslado e instalación de los mismos, además de que la empresa intermediaria no entregó facturas de la compra a Invest-H.
Semanas después, la empresa turca SDI Global LLC aseguró en un comunicado que demandaría a la empresa del guatemalteco Axel López ya que esta le había plagiado los logos y modelos de hospitales, amenazando con un proceso legal en suelo estadounidense.
El caso se vuelve complejo cuando el retraso de la llegada de los hopitales superó los 50 días considerando la necesidad de salud de los honureños, que para esos días ya miraba su sistema hospitalario público colapsado.
La ASJ presentó en su informe de veeduría que cada hospital habría tenido una sobrevaloración de 50 millones de Lempiras, además de otras irregularidades en el proceso de compra.
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El gobierno de Honduras decide en el mes de marzo comprar ventiladores mecánicos pero sin especificar cantidades ni el tipo de equipo necesario.
De acuerdo a lo declarado por veedores del proceso, la decisión de incrementar la cantidad de ventiladores a comprar en los diversos procesos fue tomada por funcionarios y no por equipos técnicos que respaldaran científicamente la decisión.
Uno de los expertos biomédicos de Invest-H encargado de certificar la calidad de los equipos, había laborado para la empresa Dimex Médica, que fue una de las favorecidas en la compra de los ventiladores por más de 101 millones de Lempiras.
Además de esto, los contratos con las empresas que proveyeron ventiladores nunca se comprometieron a resarcir al Estado de Honduras en el caso de no cumplir con fechas de entrega o calidad del producto.
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